Qué decidió el tribunal
El Tribunal Supremo, en la STS 989/2026, de 23 de junio (rec. 5079/2023, ECLI:ES:TS:2026:2710), desestima el recurso extraordinario por infracción procesal y el de casación interpuestos por la sociedad y confirma la nulidad de los acuerdos —aceptación de la renuncia del administrador único, nombramiento de uno nuevo y delegación de facultades— adoptados en una pretendida junta universal. Declara que, a falta de acta, incumbe a la sociedad probar la asistencia de todos los socios y su voluntad común de celebrar la junta con un determinado orden del día, y que la acción de impugnación no está caducada aunque la demanda se presentara pasado más de un año.
Contexto y doctrina
Según la sociedad, el 7 de julio de 2014 se celebró una junta general con carácter universal en la que se aceptó la renuncia del administrador único, se nombró a otro y se delegaron facultades para elevar los acuerdos a público; ese mismo día se otorgó la escritura con la comparecencia del administrador saliente y del entrante. Dos socios impugnaron los acuerdos alegando que nunca asistieron a esa junta. La sociedad opuso la caducidad de la acción y sostuvo que sí habían estado presentes. El Juzgado desestimó la demanda: consideró que la acción no estaba caducada, pero que no se había probado que faltara algún socio. La Audiencia Provincial estimó el recurso de los demandantes: sin acta, la prueba de la asistencia correspondía a la sociedad y la prueba testifical no ofrecía certeza suficiente. La sociedad recurrió en casación.
Por qué llegó a esa conclusión
La Sala parte de que el carácter universal de la junta no dispensa de la obligación general de levantar acta. Su ausencia no determina por sí misma la nulidad —los acuerdos pueden acreditarse por otros medios—, pero desplaza la carga de la prueba hacia la sociedad, que es quien, a través de sus órganos, está obligada a documentar la junta; exigir al socio que demuestre que no estuvo sería imponerle una prueba negativa. De ahí que incumba a la sociedad probar la asistencia de todos los socios y la voluntad común de celebrar la junta con un orden del día determinado. En sentido inverso, cuando la sociedad aporta el acta con las firmas de los asistentes, corresponde a los impugnantes probar la falsedad del documento o de la firma. La escritura pública acredita que unas personas comparecieron ante notario y aportaron una certificación de acuerdos emitida por el administrador, no que la junta se celebrara en esa fecha y con los requisitos de universal; y la fe pública registral alcanza al documento protocolizado, no a la veracidad de su contenido. Sobre la caducidad, la Sala recuerda su doctrina sobre el orden público del artículo 205.1 LSC: los acuerdos adoptados en pretendidas juntas universales a las que no asistieron los demandantes carecen del requisito esencial de la presencia de la totalidad del capital y lesionan el derecho de participación del socio, por lo que su impugnación no queda sujeta al plazo de un año.
Claves prácticas
- Si aparece inscrito un acuerdo adoptado en una junta a la que no fue convocado ni asistió, pida a la sociedad el acta y la lista de asistentes: su falta ya juega a su favor.
- No dé por perdida la impugnación porque hayan pasado más de doce meses. En estos casos no rige ese plazo, aunque conviene actuar cuanto antes para evitar que los acuerdos se consoliden de hecho.
- Revise el Registro Mercantil con regularidad si es socio minoritario de una sociedad cerrada: el cambio de administrador se inscribe y la inscripción no garantiza que la junta existiera.
- Si es usted el administrador, levante siempre acta de la junta universal con la firma de todos los socios y el orden del día aceptado. Es lo que protege el acuerdo si alguien lo discute años después.
- En sociedades familiares y de pocos socios, un pacto de socios con reglas claras de convocatoria, de representación y de firma de actas evita exactamente este litigio.
Cuándo puede ser relevante para su asunto
El conflicto de esta sentencia es el más común en las sociedades cerradas y familiares: un socio descubre, a veces mucho después, que se ha cambiado el administrador o se ha vendido un activo en una junta a la que nunca fue convocado. La sentencia reparte la carga de la prueba de forma favorable al socio ausente y despeja la excusa del plazo. Si sospecha que se han adoptado acuerdos sin usted, o si administra una sociedad y quiere que sus juntas resistan una impugnación, la documentación es lo que decide el pleito. En Lastra y Herrero Abogados asesoramos a sociedades, administradores y socios de Santander y de toda Cantabria en conflictos societarios, impugnación de acuerdos, pactos de socios y responsabilidad de administradores.
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